Estos datos y esta realidad se compartieron durante la presentación del informe 'La salud mental en la educación', realizado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales y la Fundación 1º de Mayo de CCOO. El estudio constata la grave situación que se vive en toda España en relación con este problema y la insuficiencia de las políticas públicas y de financiación para resolverlo.

De hecho, Pablo García de Vicuña, coordinador del informe, subrayó que el Ministerio de Educación, FP y Deportes apenas dedica cinco millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas, por lo que Pizarro exigió al Ministerio que en esta nueva etapa ponga en marcha un plan integral para la salud mental del alumnado y del profesorado que esté dotado de la financiación suficiente y cuyos fondos sean finalistas.

“Es preciso que el Gobierno de España contribuya a que las comunidades autónomas puedan incorporar los profesionales necesarios en los centros educativos para que sea posible atajar esta lacra de forma integral”, aseguró, que cifró en más del 50% el aumento de intentos de suicidio en la población infantil a partir de la pandemia, situación que también repercute en el profesorado.

ENFOQUE INTEGRAL

La secretaria reclamó un "enfoque integral" a esta problemática, pues muchas veces no sólo se necesita "un psicólogo", sino también "un sindicato" que mejore la situación laboral del profesorado.

El sindicato calificó la situación de “emergencia sanitaria” y propone un plan integral cuyo coste cifra en 23,6 millones de euros, el equivalente al 0,34% del presupuesto para Educación en Madrid. Ese plan integral incluye la contratación de 150 psicólogos educativos, ampliar el número de enfermeras escolares en 75, así como generalizar en todos los centros la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad, lo que significa un total de 300 profesionales de este perfil. Según la organización sindical, supondría un beneficio en la salud mental y emocional para 160.000 alumnos y alumnas de secundaria y algo más de 57.000 en bachillerato.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, advirtió de las consecuencias sobre el profesorado y personal educativo. “En nuestro servicio de Salud Laboral hemos recibido en solo dos meses más de 5.000 consultas, el doble que el curso pasado”, comparó.