Para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig, la desviación del IPC del 2% inicialmente previsto al 4% en 2000 es "una mala noticia" para estos colectivos y para progresar en la corrección de las desigualdades sociales que aún persisten.

Acusó al Gobierno de "maltratar" a los que cobran el SMI un salario que se concibe como un elemento de protección y garantía para los que tienen peores condiciones económicas. Denunció que al nocompensarles por la desviación del IPC del 2% al 4%, está sustrayendo casi 20.000 pesetas del bolsillo de cada perceptor del SMI en 2001, sin contar los atrasos de 2000, una cantidad que puede resultar poco para un Gobierno, pero que mucho para quienes ya cobran lo mínimo.

Puig explicó, además, a través de un comunicado que el SMI tiene una incidencia directa en e subsidio de desempleo, tanto en los que cobran un subsidio equivalente al 75% del SMI como en los que ven regulada su prestación contributiva en los topes máximos y mínimos por el SMI. En el caso de los primeros, indicó que son cerca de 600.000 persoans que pierden un total de 9.000 millones de pesetas por no actualizarles sus tablas salariales.

Lo mismo ocurre, según el responsable de CCOO, con los aproximadamente dos millones de empleados públicos que hay en nuestro país, cuyos salarios aumentaron n 2% en 2000 y no han sido compensados por el descontrol de los precios.

Puig denuncia la decisión "estrictamente política" del Ejecutivo de no incluir cláusulas de salvaguarda salarial para estos colectivos, y advierte de que la inclusión de estas claúsulas en todos los conveniosserá el objetivo esencial en la negociación colectiva de este año.

Según Puig, dos colectivos serán objeto de atención especial por parte de los sindicatos. Son los temporales con contratos inferiores a un año, que mucas veces han terminado su relación con la empresa cuando corresponde hacer la revisión salarial pactada, que en 2000 eran un colectivo de 2.213.200 trabajadores, y los trabajadores que no tienen cláusulas de revisión salarial en sus convenios, que fueron 1.773.540 el pasado año. En total, un 23% del total de trabajadores con convenio.

Puig acusó al Gobierno de "lanzar humo" para tapar la gravedad del problema del descontrol de los precios, y a la patronal de "mirar hacia otro lado" ante un dato que, asu juicio, introduce un fuerte grado de inestabilidad en el sistema y "sobre el que ambos tienen una gran responsabilidad", al tiempo que reiteró la necesidad de un cambio en la política económica del Ejecutivo y en la actitud empresarial "para poder decir que esto no va mal".