Según indicaron a Servimedia fuentes de la central sindical, el motivo en el que basan su petición es la admisión a trámite el pasado 23 de septiembre de la querella criminal que interpuso el sindicato por apropiación indebida, coacciones, delitos contra la libertad en el trabajo y contra el ejercicio legítimo del derecho de huelga, ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Para los responsables ferroviarios de CCOO, "la admisión a trámite significa qu el juzgado ha visto indicios racionales de criminalidad en la actuación de la presidenta de Renfe, Mercé Sala, y otros seis directivos", y añaden que el reconocimiento inicial, a la espera de la resolución definitiva de los jueces, "debe llevar a una dimisión inmediata de Mercé Sala y los otros seis directivos implicados".

Junto a Sala, Comisiones se ha querellado contra Juan Fernández, director de Organización y Recursos Humanos; Victor Esquinas, director de Relaciones Sindicales; Mariano Garrido; d Relaciones Laborales; José Nuñez, de Planificación y Control de Recursos Humanos; José María Lasala, director general de Finanzas y Administración, y Gonzálo Madrid, de Desarrollo y Planificación.

Los hechos denunciados por la central consisten en los descuentoas generalizados que, según Comisiones, Renfe aplicó a todos los afiliados a CCOO con motivo de losparos efectuados en los meses de abril, mayo y junio de este año, "aunque hubieran estado de vacaciones, enfermos, de descanso o fiesta, con servcios mínimos, etc, y que, por tanto, no podían secundar los paros".

Asimismo, los responsables de la central informaron que junto a la querella ahora admitida a trámite se instaron otras acciones legales paralelas ante la jurisdicción de lo Social, que han dado lugar ya a dos sentencias de los juzgados 11 y 28 de lo social, que condenan a Renfe a pagar indemnizaciones de 100.000 pesetas en cada una de ellas, por lesionar los derechos de libertad sindical y de intimidad personal.

Los acusados cuenan con un plazo de tres días para recurrir la querella admitida ahora atrámite, aunque la magioostrada del caso ha ordenado ya a Renfe que facilite toda la documentación necesaria para abrir una investigación comprobar si la acusación es cierta.