En una carta enviada al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el secretario general del sindicato, José María Fidalgo, asegura que con esta normativa se "expulsa" a los abogados asalariados del Estatuto del Trabajador, por lo que no están cubiertos por los derechos que recoge esta ley.

En esta situación, "sólo está garantizada la preservación de los derechos básicos recogidos en la Constitución", mientras tiene lugar una "auténtica expulsión de estos trabajadores del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores".

La Disposición Adicional primera de la Ley 22/2005 es la que otorga este carácter de "relación laboral especial" a los abogados que presten servicios profesionales por cuenta ajena, pero no prevé ningún contenido concreto sobre cuál es la regulación de este tipo de trabajadores.

"La única previsión concreta que incorpora la disposición es que la actividad de estos trabajadores se incluirá en el Régimen General de la Seguridad Social, pero ello no es ilustrativo de ninguna particularidad, pues es lo que corresponde con la prestación de servicios por cuenta ajena", afirma el escrito.

El secretario general de CCOO argumenta que esta norma "impone una diferencia de tratamiento respecto de un colectivo de trabajadores, sin una justificación suficiente, objetiva ni razonable".

Asimismo, denuncia la inconstitucionalidad de la decisión de la Seguridad Social de condonar la deuda de los despachos que habían incumplido sus obligaciones de cotización.

Para el líder de CCOO, esta iniciativa "menoscaba el patrimonio de la Seguridad Social y recompensa al que ha incumplido la Ley frente a los que han atendido sus obligaciones de pago en el momento oportuno".

"Con medidas como las de esta ley, difícilmente los poderes públicos podrán cumplir con su obligación de mantener un sistema público de Seguridad Social", advierte Fidalgo.