Según informó la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO de Madrid, la Agencia Tributaria ha sacado la convocatoria para la privatización de este servicio, con un presupuesto de 108 millones de pesetas.

CCOO considera que datos personales tan "sensibles y jugosos" como los drivados de la campaña de renta no pueden estar en manos de una empresa privada. A su juicio, estos datos tienen que ser grabados y custodiados por empleados públicos de la Agencia Tributaria.

Para CCOO, es "especialmente grave" que en los criterios de valoración para dar este servicio a una empresa privada se prime en un 80% el precio que dé la empresa, y que el pliego se recoja ya que se podrá prorrogar esta privatización en años sucesivos hasta un máximo de cuatro años.

Además, según CCOO, se cntempla que por cada dato que sea indebidamente utilizado, la empresa será multada con cien mil pesetas, una cantidad que, a su juicio, es "a todas luces insuficiente", dado que el beneficio económico que podría obtenerse de una filtración de estos datos es muy superior.

Por todo ello, CCOO, que ya venía alertando de esta privatización, porque no había plazas convocadas en la oferta de empleo de grabadores para la campaña de renta de este año, ha anunciado que ejercerá todas las acciones que estén en us manos para evitar esta privatización, comenzando por el estudio de una posible denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.