En un documento publicado ayer, el sindicato afirmó que las 25.000 empresas restantes no han presentado ante los responsables medioambientales la correpondiente declaración de control y que, desde la Administración, no se están poniendo los mecanismos legales que les obliguen a hacerlo.

Aunque el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con igencia hasta 1992, destinaba el 15 por ciento de su presupuesto al impulso de las tecnologías límpias, CCOO consideró que "las inversiones reales han sido muy escasas y no se ha logrado reducir la producción de sustancias y residuos tóxicos".

PLANTAS INCINERADORAS

En opinión de CCOO, los esfuerzos de los responsables medioambientales del ministerio se han sido dirigido a la construcción de plantas incineradoras, cuya utilización el sindicato consideró "inadecuada" por la emisión de compuestos policorados, "extremadamente tóxicos".

Según el estudio departamental, la presencia de estas sustancias representa un "grave riesgo" para las personas que vivan en los alrededores de las instalaciones, así como a los posibles consumidores de los productos ganaderos y agrícolas de las zonas afectadas.

CCOO cree que "la oposición vecinal a la instalación de incineradoras está seriamente fundamentada y debería hacer reflexionar al Gobierno para que controle, minimice o reduzca la producción y pusiese en archa instalaciones de tratamiento respetuosas con el medio ambiente y la salud ciudadana".

Para el sindicato, el MOPT, que prepara un nuevo Plan Nacional de Residuos, sigue "empecinado" en la construcción de incineradoras, "que además sólo atenderían a un 7 por ciento de los residuos tóxicos".

"La nula participación de los sindicatos y demás entidades ciudadanas en su elaboración hace que, previsiblemente", añade, "este plan nazca sin suficiente consenso social para dar solución a la problemátic de residuos tóxicos y peligrosos".