Así lo aseguró el secretario general de la federación, Francisco García Suárez, durante la presentación en Madrid del informe ‘Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas’, que concretó que en la red pública es donde estudian los alumnos menos favorecidos, la concertada es para la clase media y la privada para las élites.

García Suárez protestó también por lo que considera una “campaña de la derecha que erosiona la educación pública y propicia la segregación”, que se manifiesta en “cuotas ilegales”, algo que CCOO considera una “práctica generalizada” ya que afectaría a alrededor del 80% de los centros concertados y que cuesta a las familias cada año unos 1.200 millones. Según el sindicato, las comunidades autónomas donde más se produce esta situación son Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Además, el secretario de Enseñanza acusó a las políticas neoliberales de haber propiciado la apertura de 865 nuevos centros concertados en los últimos años, mientras se cierran unidades de enseñanza en los colegios públicos. CCOO también denunció que en el marco de esas políticas se apoya a las escuelas católicas que segregan por sexo, se conceden beneficios fiscales para uniformes y se cede suelo público para construir centros concertados.

EN PELIGRO

En la presentación del informe también intervino Pedro González Molina, coordinador del documento, que alertó de que “la escuela pública está en peligro” ante el “avance importante de la empresa en el sector educativo”, la supervivencia de la iglesia católica “en una sociedad cada vez más desacralizada”, los “centros gueto”, tanto para las élites como para los alumnos con más dificultades educativas y sociales y lo que él considera “falsa ideología de la meritocracia, que crea una falsa igualdad de oportunidades”.

Una de las autoras del estudio, Claudia Guiral, explicó que el estudio se basa en datos de PISA 2023 sobre al alumnado de Secundaria, y llamó la atención a las administraciones públicas de que “cada vez tenemos más evidencia empírica de que estas políticas tienen más incidencia en la segregación”, sea por nivel socioeconómico u origen migrante.

Su compañera de investigación Cynthia Martínez-Garrido justificó la necesidad de que CCOO ponga sobre la mesa un plan de acción, por lo que han ideado 70 propuestas directas “que llaman a la acción política” y con las que el sindicato está seguro de que se podrán mejorar los datos de segregación.

Martínez-Garrido también apuntó a eliminar el distrito único escolar, analizar la zonificación escolar según las condiciones económicas del territorio, aplicar criterio de renta económica por delante de otros como ser antiguo alumno o el punto discrecional que se permite a los centros. También reclamó "una apuesta por la escuela inclusiva" para garantizar "una educación democrática", con financiación según las necesidades educativas, "no vale a todos por igual". En este punto, indicó que sería conveniente contar "doble" a los alumnos con necesidades educativas especiales en cuanto a la ratio.