Lo hizo a través de un comunicado en el que rememoró que la Comunidad “eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial”, al rescindir sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el pasado 15 de diciembre, argumentando que “no eran necesarios ya sus servicios”.

A pesar de ello, el sindicato deploró que el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo para efectuar las labores de los 199 rastreadores a través de la Fundación de Investigación de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica; un ente público “más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores, donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar”.

A su vez, acusó a la Comunidad de “amortizar” el mismo número de puestos de trabajo (ocho) del mismo grupo (Grupo A) que estaban contemplados en la plantilla orgánica de la referida Dirección General, unidad a la que estaban adscritos los rastreadores.

A juicio de CCOO, esta situación provocará “la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, como lo acredita que “el 10% de la plantilla se encuentra en peores condiciones laborales”.

La Sección 3ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó, mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, la readmisión de los 119 rastreadores que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid despidió el pasado 30 de junio.

Estos profesionales recibieron la comunicación de readmisión; pero, tras impedirles entrar en su centro, fueron “arrinconados” en un “almacén, sin medios para desarrollar su trabajo y sin tener trabajo alguno encomendado” y sin que conste que fueran dados de alta en la Seguridad Social, según CCOO.

El sindicato consideró esta incorporación como “muy dura”, puesto que ninguno de los responsables de la Dirección General de Salud Pública ni sus responsables más directos “se dignaron a recibirlos”

El contrato de estos profesionales concluyó el pasado 15 de diciembre, fecha en la que se dio por terminada la obra o servicio para la que fueron contratados, sin que fueran renovados.

“Con ello, la Comunidad de Madrid ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación”, concluyó CCOO.