CCOO aplaude la supresión de limitaciones como justificar tres años como mínimo de residencia, copia del contrato del alquiler o de venta del piso, pero recalca que se mantienen otras como la exigencia de acta notarial para acreditar que se disponde de una vivienda digna.

Entre las limitaciones que destaca CCOO, figura el hecho de que los inmigrantes deban acreditar recursos económicos suficientes y estables, qe "deja a criterio de los funcionarios la aplicación práctica y puede hacer imposible su cumpliemiento a quién este en paro durante algún tiempo o no disponga de nómina".

Igualmente, considera que es una limitación "el acta notarial con presencia del notario que justifique que se dispone de una vivienda normal, porque es un requisito caro y arbitrario, cuando sería suficiente con un informe favorable de los servicios sociales del Ayuntamietno o de organizaciones no gubernamentales".

El tercer eleento que considera negativo es el certificado de antecedentes penales de la persona agrupada, porque es "un obstáculo para quienes no tengan oficina consular en España, como la mayoría de los países africanos y del Este de Europa, o se trate de países donde no se respeten los Derechos Humanos".

Finalmente, el sindicato considera arbitrario que no puedan acogerse los familiares que ya están aquí, con o sin visado de estancia, porque "en muchos casos se debe a que les fue prácticamente imposible acogers a la regularización o se han producido situaciones posteriores de hecho".

En este sentido, la nueva regulación no garantiza tampoco la residencia a los agrupados que después se puedan separar por diversos motivos.