Para la organización sindical, el dinero que invierte el Ministerio en pagar a empresasprivadas cuando dispone de personal propio supone un "despilfarro de los fondos públicos".

A juicio de CCOO, la vigilancia de los órganos judiciales debería realizarse por personal propio de la Administración de Justicia, y su custodia debería atribuirse a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y no a empresas privadas de vigilancia.

Respecto al servicio de limpieza, el sindicato opina que el criterio del Ministerio de adjudicarlo a empresas privadas "sólo sirve para encarecer los gasto", además de que "no garantizan la calidad en la prestación al basarse en un contrato mercantil que intenta cubrir el trabajo con la menor cantidad posible de personal para aumentar los beneficios de la empresa contratada".