Para CCOO, el acuerdo se ha llevado a cabo “a espaldas de los sindicatos y se suma a una lista de hechos que demuestran que la seguridad y salud en el trabajo y sus consecuencias no forman parte de las prioridades del Gobierno”.

“Mantener al primer sindicato de este país ajeno a la presentación de la firma de un convenio de coordinación para mejorar la investigación de los accidentes de trabajo en este país es impresentable desde el punto de vista institucional. Pero también es lamentable desde el punto de vista práctico, ya que las delegadas y delegados sindicales presentes en los centros de trabajo deben ser una fuente de información de primera mano cuando se inicien investigaciones sobre los daños producidos con motivo de la actividad laboral”, denunció.

“Este menosprecio a las organizaciones sindicales es la última muestra del desinterés del Gobierno para abordar de manera urgente y enérgica el deterioro de la salud y la seguridad en el trabajo, uno de los principales problemas sociolaborales que sufre España en estos momentos”, añadió CCO.

Además, el sindicato recordó que está exigiendo hace meses la constitución de una mesa de diálogo social específica para atajar el aumento de la siniestralidad, ya que 2021 se cerró con más de 600.000 accidentes de trabajo con baja de los que 741 fueron mortales, y en 2022 se están experimentando unos incrementos del 12,6% en el caso del conjunto de los accidentes y del 18,2% en el caso de los mortales.

“De mantenerse esta tendencia, 2022 podría cerrarse con 875 muertes en el trabajo cuando contemos con datos consolidados. En términos absolutos, habría que remontarse a 2008 para encontrar un año con un mayor número de accidentes mortales”, alertó.

Igualmente, criticó que “tampoco la prevención de las enfermedades profesionales ha experimentado un impulso en el último periodo. La trasposición de las modificaciones de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos se ha realizado con retraso y de manera mecánica, trasladando de manera literal los textos aprobados en las Directivas o respetando a duras penas y tras la presión sindical los niveles de protección ya existentes en España, pero sin incorporar avances necesarios, como el establecimiento de un registro de personas trabajadoras expuestas a sustancias cancerígenas que pudiera hacer efectivo el derecho a la vigilancia de la salud postocupacional a este colectivo”.