En un comunicado, la central sindical resalta que el texto presentado por el Ejecutivo debería hacer mayor hincapié en las personas dependientes del ámbito rural, en la calidad del sistema nacional de protección, y en la formación de los profesionales y cuidadores informales, además de extender el concepto de calidad al empleo que se vaya a generar.

El texto "resulta especialmente cauteloso en los temas de fondo más controvertidos: financiación y carácter de la prestación", ya que los recursos pueden obtenerse por cotizaciones, a través de una cuota específica o utilizando una parte de los excedentes de la Seguridad Social, o bien por impuestos, con aportaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Además, sugiere la posibilidad de incorporar parte de los "impuestos o multas" relacionados con las actividades generadoras de dependencia, como alcohol, tabaco, tráfico o siniestralidad laboral, con lo que "parece que se constituiría un 'Fondo Estatal para la Financiación del Sistema Nacional de Dependencia', sin perjuicio de la unidad de caja de la Seguridad Social".

En cuanto a la característica de la prestación, añade CC.OO., el Gobierno "parece inclinarse por la prestación económica", pero indica que cuando no se recurra a un servicio externo, ésta será inferior, además de que hay una referencia "ambigua" en cuanto a que debe estar en función de la capacidad financiera del sistema y el coste de los servicios que se estima que necesita la persona dependiente.

En la prestación de servicios, prosigue, "la cofinanciación por los usuarios aparece un tanto confusa", ya que distingue si se financian con cargo a cuotas e impuestos. "En el primer caso sería por tarifas iguales, en el segundo, en función del nivel de rentas".

Por lo que respecta a las "contradicciones" en el proceso de reconocimiento de la dependencia, CC.OO. advierte de que "si no se crea una red específica nueva" para un sistema de valoración y baremo único, "la utilización de los actuales equipos llevaría al inmediato colapso de la tramitación de solicitudes".

Además, se establece una fase de "cribado y convalidación de las valoraciones por un sistema estatal informatizado que garantice la uniformidad y equidad en las prestaciones sin entrar en más detalles", además de que "no se plantea un calendario de puesta en marcha del sistema, ni se propone con claridad cuáles serían las prioridades de aplicación", concluye.