“No hay voluntad política de solucionar los problemas estructurales del sector, sino de perpetuar un escenario de competencia desleal y fraude”, lamentó CCOO.

Según este sindicato, no existe ningún otro sector de actividad, salvo el transporte, en el que, aunque una persona dependa organizativamente de una empresa, no se considera personal asalariado. Precisamente, la ‘Ley Rider’ resolvió este problema para los transportistas en bicicleta, pero “no se consideró” a los autónomos del transporte por carretera. Por ello, el sindicato defendió la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores, para que sean considerados asalariados.

“El fomento del empleo autónomo en este sector responde a la voluntad política de flexibilizar el mercado laboral mediante la externalización de los riesgos y el abaratamiento de los costes”, afirmó el sindicato. En este sentido, criticó que cualquier empresa puede tener “a su servicio, dirigir, organizar y pagar lo que considere al personal autónomo, mientras que el personal asalariado tiene un salario mínimo garantizado, unos costes fijos de Seguridad Social, una normativa que garantiza derechos laborales, y de la que el autónomo carece”.

“Si se reconociera al personal autónomo como lo que en realidad es, personal por cuenta ajena, dependiente y sin autonomía, tendría derecho a negociación colectiva y derecho a huelga, así como una compensación suficiente por el trabajo realizado”, abundó CCOO.

Asimismo, avisó de que en el sector del transporte de mercancías por carretera “no se aplican ni los convenios colectivos ni la legislación tributaria, ni la de Seguridad Social, ni la europea de tiempos de conducción y descanso como corresponde, lo que deriva en continuas prácticas irregulares y el deterioro permanente del sector”.

“Las empresas, salvo honrosas excepciones, no pagan los tiempos de espera al personal asalariado, sólo abonan el tiempo en el que el camión está circulando mediante una tarifa de precio por kilómetro. Así, trasladan el riesgo de las esperas y paralizaciones al personal trabajador y aseguran siempre la rentabilidad del viaje”, agregó.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

A su juicio, la lucha contra este fraude “es muy sencilla”, ya que “basta con comparar los registros del tacógrafo del camión con las nóminas del personal trabajador para exigir que se cotice el tiempo realmente trabajado”.

Por ello, lamentó que la administración “no tenga intención de realizar esta tarea, a pesar de que redundaría en beneficio de las arcas del Estado y acabaría con la competencia desleal”.

Además, CCOO declaró que “no existe voluntad política de resolver los problemas reales” del sector del transporte de mercancías por carretera. “Son las patronales integradas en el CNTC quienes únicamente tienen interlocución con el Ministerio de Transporte y están consiguiendo para sí, que no para el sector, el respaldo de la ministra socialista, Raquel Sánchez”, denunció, al tiempo que añadió que “si no se crea una mesa de diálogo social que incluya a todos los agentes sociales, los conflictos en el sector no van a parar”.

Finalmente, criticó que el Ministerio de Trabajo “tampoco parece consciente de la necesidad de acabar con las y los miles de falsos autónomos en el sector ni de la gravedad del multimillonario fraude que se comete diariamente a la Seguridad Social debido a las infracotizaciones como resultado del dumping social, de camuflar como dietas las retribuciones de horas extras, las horas de presencia o incentivos por kilómetros en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras asalariados”.