“La siniestralidad laboral se ha convertido en el peor indicador socioeconómico en este periodo y las autoridades, encabezadas por el Gobierno de la nación, deben empezar a tomar cartas en el asunto de manera seria en un contexto de aumento espectacular de accidentes, muchos por causas fácilmente prevenibles como las caídas, los atrapamientos o los aplastamientos, que nos indican que la falta de seguridad en las empresas se está extendiendo”, declaró el secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz.

Además, avisó de que, de continuar esta tendencia, “nos encontraríamos con más de 800 muertes en el trabajo al cerrar las estadísticas del año, lo que por cualquier otra causa se convertiría en un escándalo y en una cuestión de debate a nivel nacional”.

Sanz explicó que en los últimos meses hay dos vectores que tiran de la siniestralidad en sentidos opuestos. Uno de ellos es la reducción de la temporalidad producto de la reforma laboral que contribuiría a reducir el número de accidentes, y el otro es el incremento de la población ocupada, gracias a la recuperación económica y a la puesta en marcha de los proyectos de los fondos de recuperación.

A su juicio, “fiar” la contención de la siniestralidad exclusivamente al primero de ellos era un error, porque el aumento de la actividad económica, y especialmente en sectores tradicionalmente de alta siniestralidad, sin aplicar en paralelo un “plan decidido de políticas públicas activas en materia de prevención podría tener consecuencias nefastas”.

“No podemos resignarnos a ver como aumentan los accidentes y las muertes en el trabajo por el mero hecho de aumentar la ocupación. Se puede desacoplar la siniestralidad del crecimiento económico de la siniestralidad como ya demostró España en el periodo previo a la crisis de 2007”, aseveró Sanz.

Para ello, este representante sindical reclamó que el Gobierno sitúe la salud y la seguridad de la clase trabajadora “entre sus prioridades”, aprobando “urgentemente” la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo 2022-2027, abriendo un espacio de diálogo social en la materia, aumentando los medios técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo y articulando más campañas de control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las empresas.

Y, en su opinión, todo ello se debe hacer sin “renunciar” a cambios necesarios más allá del ámbito laboral llegando al ámbito judicial, porque 800 muertes al año “justifican la creación de juzgados especializados en salud y seguridad en trabajo que acaben con el retraso en los procesos judiciales que se prolongan incluso décadas”.

Finalmente, exigió que no se concedan “injustificables” indultos a empresarios condenados por homicidio, “como sucedió hace algunas semanas en el caso del accidente de la fábrica de Ron Montero”.