El sindicato liderado por José María Fidalgo recalcó, en una nota, que, para conseguir ese fin, es necesario incrementar la intervención pública, garantizar un mayor respeto al medio ambiente, mejorar la regulación del patrimonio público del suelo y que se redefinan derechos y deberes de los ciudadanos.

En este sentido, solicitó que la norma incorpore la lucha contra la especulación de terrenos, el incremento de la transparencia sobre ordenación y gestión del suelo, asegure los destinos de suelo para vivienda protegida y tenga en cuenta el papel del suelo en la sostenibilidad de las ciudades.

A juicio de CCOO, el Gobierno debería establecer algunas reglas básicas que mejoren la participación de los ciudadanos en relación al urbanismo, así como el cumplimiento de los plazos máximos para resolver procedimientos administrativos de aprobación, ordenación y ejecución y que, actualmente, son competencia exclusivamente autonómica.

La ley debería también incidir especialmente en los aspectos de rehabilitación, recuperación y mejora de suelos ya urbanizados y degradados. La prioridad debe pasar por un uso eficiente del suelo urbano y existente, antes de colonizar suelos nuevos.

Por último, CCOO se congratuló de que el anteproyecto de ley establezca un control a los convenios privados entre Admnistración y particulares y añadió que el objetivo final es garantizar que cualquier convenio en materia urbanísticarespete escrupulosamente los límites y garantías legales que se establecen con carácter general.