Moreno, que criticó duramente las líneas del plan de convergencia del Gobierno, especialmente la reforma de las condiciones para acceder al seguro de paro, manifestó que "existen tantos o más motivos que en 1988 para una huelga general como la del 14-D".

Para el responsable de Acción Sindical de Comisiones, la pretensión del Gobierno de aumentar de seis meses a un año el período mínimo de cotización para acceder al seguro de paro y la reducción de su cuantía son unas reformas "brtales" que han ocasionado "una auténtica alarma social".

Según las estimacione de CCOO, el recorte de las cuantías puede afectar hasta a un tercio de lo que actualmente perciben los parados, mientras que el colectivo de perceptores del seguro puede verse reducido a la mitad.

A juicio de Moreno, estas medidas son un "asalto" a los derechos sociales y "van contra la lógica" en un país que tiene una tasa de desempleo que duplica a la media comunitaria y que cuenta con un 33 por ciento de contratos tmporales.

En cuanto al anuncio de la creación de un millón de puestos de trabajo entre 1992 y 1996, Moreno dijo que "es una broma de mal gusto". Acusó al Gobierno de utilizar permanentemente esta cifra, "que no tiene nada que ver con la realidad", como "arma arrojadiza" frente a los demás.

El responsable de CCOO criticó también otras medidas recogidas en el plan de convergencia, como el recorte o congelación del gasto en sanidad, así como que el Gobierno "siga teniendo en el punto de mira los salrios" y se niege a negociar una política industrial activa.

Todo ello, según Moreno, se ve agravado por el anuncio de una ley de huelga "de corte thatcherista", cuyo único objetivo es, a su juicio, "intentar reprimir la contestación social a un plan llamado de convergencia que en el fondo es una pura coartada para un ajuste duro y una política de desestabilización".

El dirigente de CCOO también se refirió a los objetivos del plan de convergencia de reducir la inflación al 3 por ciento en 1996 y e déficit público al 1 por ciento. En su opinión, estas pretensiones son un "puro papanatismo comunitario", ya que ni siquiera las indicaciones de Maastrich obligan a llegar al 1 por ciento en el déficit, sino que establecen un máximo del 3 por ciento en 1996.

Para Moreno, el Gobierno debería fijar un objetivo menos exigente en el déficit público, lo que supondría un menor coste social, y una previsión más realista para la inflación.