La comisión fue creada por orden judicial, después de que "Plata Meneses" declarase suspensión de pagos, el pasado mes de julio. Esta comisión está formada por los acreedores de "Plata Meneses", entre los que figura la Rumasa pública, que preside Félix Díez.

Según Benito, la comisión adjuicó la marca, maquinarias y útiles a la empresa vasca Dalia (Joyería y Platería de Guernica) por un valor de 150 millones de pesetas, cuando la oferta de un grupo de 80 trabajadores era de 185 millones de pesetas, y suponía el mantenimiento de esos puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Liquidación de Plata Meneses, Félix Díez, explicó que la oferta de los trabajadores (concretada a través de la sociedad Arteme) no incluía las hipotecas sobre la maquinaria, como solicitaba l comisión, por lo que "la adjudicación se ha hecho al mejor postor".

Díez dijo que las deudas sobre el edificio y maquinarias eran de 580 millones de pesetas, aunque no pudo precisar el monto total de débitos sobre las máquinas. Tampoco especificó cuántos empleos mantendrá Dalia, aunque reconoció que serán menos que los que preveía la oferta de los trabajadores.

El secretario general de CCOO en Madrid calificó la decisión de la Comisión adjudicatoria, nombrada judicialmente entre los acreedores tas la suspensión de pagos de Plata Meneses, de "corruptela y golfeo".

Benito informó que el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, José Luis Fernández, les había escrito una carta en que apoyaba sus reivindicaciones, y señaló que, de no revocarse la decisión, pedirían una intervención política de la Comunidad, además de presentar una demanda judicial.

Por su parte, Félix Díez dijo que las imputaciones de Benito "mezclan churras con merinas y hacen demagogia". Añadió que "la comisión liqidadora no cobra, somos acreedores que nos vamos a quedar a dos velas, y sólo pretendemos hacer lo mejor para todos. Si no están de acuerdo, que vayan a los jueces".

"Plata Meneses" perteneció a la extinta Rumasa, y después sus propietarios fueron el chileno Patricio Jon Otarola, que la compró por 15 millones y la dejó con unas deudas superiores a los 1.000, y Javier Sierra, también propietario de la compañía "Luis Espuñes".

En julio de este año se presentó la suspensión de pagos, con unas deudassuperiores a los 3.000 millones de pesetas, según CCOO. Los acreedores, entre los que todavía está la Dirección General del Patrimonio del Estado, crearon la Comisión de Liquidación, que valoró los activos de la empresa.