CCOO, que se ha personado en el caso en calidad de acción popular, cree que Solchaga es el responsable de los 24.000 millones de pesetas de pérdidas que se han contabilizado en Intelhorce desde su privatización, en 1989, hasta la vuelta a manos públicas de la fábrica, en 1992.

La intención de la central sindical con la ampliación de la querella contra Carlos Solchaga es clarificar quién fue el responsable últmo que decidió la venta de Intelhorce a Giovanni Orefici.

En este sentido, el secretario provincial de CCOO, Francisco Gutiérrez, aseguró hoy en rueda de prensa de que "tenemos la intención de empezar por abajo para llegar hasta arriba y desvelar todas las responsabilidades", con el objetivo de que sea la Audiencia Provincial de Málaga quien siga instruyendo el sumario "y si hay aforados implicados, que el caso llegue a la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

A juicio de CCOO, el juez que instruyeel sumario, Juan Francisco Ramírez Barroso, podría llamar a declarar en cualquier momento a Carlos Solchaga, pues éste habría perdido su condición de aforado una vez que dejó de ser ministro y dimitió como portavoz y diputado socialista.

NUEVAS DETENCIONES

Mientras, el juez prosigue con la toma de declaraciones a las personas presuntamente relacionadas con la privatización de la factoría textil malagueña y posterior gestión de Giovanni Orefici en la misma.

Esta mañana, Ramírez Barroso elevó a 5el número de personas ingresadas en prisión por su relación con la fábrica, al ordenar la reclusión incondicional y sin fianza del abogado malagueño Adolfo Martos, quien compartía despacho judicial en Marbella (Málaga) con Juan Antonio Castillo y José Manuel Muñiz, que llegó a ser administrador único de Intelhorce. Muñiz, al igual que Castillo, permanece en prisión desde el inicio de la instrucción del sumario.

El juez ha rechazado los recursos contra el ingreso en prisión de los 4 primeros detenidos,entre ellos el propio Giovanni Orefici y el ex presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno, quien realizó el informe favorable a la privatización de Intelhorce a sociedades propiedad de Orefici.

Según recoge el sumario, Moreno pudo haber recibido una comisión de 15 millones de pesetas de manos de Orefici para que intermediara en la venta de la fábrica, extremo este que el ex presidente de Improasa negó en reiteradas ocasiones durante su declaración ante el juez.

Por otra parte, o se descarta que en los próximos días sean llamados a declarar los anteriores directores generales de Patrimonio del Estado, Francisco Zambrana y Luis Alcaide, para que aclaren cómo se realizó el proceso de privatización de la fábrica textil malagueña, actualmente al borde del cierre y en suspensión judicial de pagos.