Pérez Royo, para quien "la doctrina es clarísima y la sentencia fue adopatada por unanimidad", declaró a Servimedia que, a partir de ahora, "si se solicita una convocatoria de comparecencia de unas personas determinadas, hay que analizarla a la luz de esa doctrina" y "no se puede argumentar que ésa es una empresa privada o que ya ha dejado de ser pública".

"Hay empresas que, aunque hayan sido privatizadas, hay una presencia de lo público y hay una influencia d lo público en ellas. En consecuencia, ése es el criterio que tiene que tomarse en consideración y no el que el capital sea mayoritariamente privado o no", aseveró Pérez Royo.

En su resolución, el Constitucional consideró que la Mesa del Congreso vulneró el derecho fundamental a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes, un derecho recogido en la Constitución en el artículo 23.