La ley, pionera en España, reconoce el derecho de los familiares a obtener información sobre el destino de sus parientes desaparecidos, a la dignificación y señalización del lugar del enterramiento y, si es posible, a la recuperación de los restos.

El objetivo es reconocer la dignidad de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y el derecho de la sociedad a conocer la verdad del pasado, evitar que los fosas comunes caigan en el olvido y señalizar y dignificar los lugares de los enterramientos para recuperarlos como espacios de memoria.

En su intervención parlamentaria, el consejero de Interior, Joan Saura, aseguró que con esta ley "se empieza a hacer justicia histórica" y "a cerrar heridas".

El texto aprobado hoy prevé la posibilidad de exhumar una fosa a petición de los familiares de las personas desaparecidas o de una institución o entidad sin afán de lucro dedicada a la búsqueda o a la recuperación de la memoria histórica si lo hace en nombre de un familiar.

En caso de que la petición contara con las pruebas documentales pertinentes, fuera aprobada por un comité técnico y, en último término, por el Departamento catalán de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, la ley establece que el gobierno asumirá el coste de la actuación, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, y sin perjuicio de la aportación de otras administraciones e instituciones públicas y privadas.

Según el texto, podrán instar a la recuperación e identificación de personas desaparecidas, además de la Administración de la Generalitat y la Administración local, sus familiares directos, descendentes y entidades privadas sin afán de lucro que tengan la investigación histórica entre sus finalidades.

Las peticiones, que habrán de contar con las pruebas documentales o con la relación de indicios que justifiquen la existencia de la fosa, serán analizadas por un Comité Técnico integrado por cinco profesionales y académicos de prestigio en el campo de la arqueología, la antropología física, la medicina forense, la historia contemporánea y el derecho; un representante de las entidades de recuperación de la memoria histórica, y dos miembros en representación del Consejo de Gobiernos Locales.

Los restos no reclamados serán inhumadas en el cementerio del término municipal donde fueron localizados. El proyecto de Ley de Fosas fue aprobado por el Gobierno catalán en marzo de 2008 y el pasado junio superó el debate a la totalidad.