Se trata de un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer el acceso a la vivienda con el objetivo de incrementar la vivienda de alquiler en el mercado y hacer frente a uno de los "principales temores" que tienen los propietarios a la hora de poner su piso en alquiler: "la sensación de vulnerabilidad ante de situaciones de insolvencia", según informó hoy la Generalitat.

El decreto es una de las medidas previstas en el Pacto Nacional para la Vivienda y en la ley del derecho a la vivienda en el ámbito de Cataluña.

Estos documentos promueven la implantación de medidas como la aprobada hoy con la finalidad de impulsar actuaciones que favorezcan el acceso a la vivienda. Con el decreto de hoy, el Gobierno catalán pagará al propietario hasta seis meses de alquiler siempre que éste haya instado y obtenido una sentencia de desahucio por impago.

El alquiler mensual de cómputo será el depositado como fianza obligatoria. Una vez obtenida la sentencia, y presentada la documentación en el Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), el arrendador recibirá, en un plazo de dos meses, las mensualidades no cobradas desde el inicio de la acción judicial.

Los requisitos para poder ser beneficiario son que la renta mensual no supere los 1.500 euros en la ciudad de Barcelona; los 1.200 euros en los municipios de la zona A de protección oficial; los 1.000 en la zona B; los 800 en la zona C y los 600 en la zona D.

Así mismo, no haber exigido una fianza superior a dos mensualidades de renta, ni ninguna otra garantía adicional para la firma del contrato. También es requisito haber depositado en el Instituto Catalán del Suelo el contrato íntegro del alquiler, la fianza y un documento de compromisos relativo al "avalloguer".

El Departamento de Medio ambiente y Vivienda podrá actualizar los límites de las rentas que prevé el decreto catalán en función de los indicadores de que disponga la Secretaría de Vivienda en cada momento sobre las rentas medias de los contratos de alquiler en las diferentes zonas.

En 2007, el precio medio del alquiler en Cataluña fue de unos 850 euros, y en la ciudad de Barcelona no llegó a los 1.000.