Las fuentes consultadas ponen como antecedente de lo que ocurriría si el Ejecutivo no corta de aíz ese debate la génesis de la autonomía andaluza en 1980. El PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, sostienen esas fuentes, no querían que la región más extensa y poblada de España accediera a la Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución frente a la llamada `vía lenta' del 147, pero el empeño del entonces 'hombre fuerte' del socialismo andaluz, Rafael Escuredo, esgrimiendo el agravio con Cataluña y el País Vasco que eso suponía, hizo que finalmente se eligiera el 151.

La escalada rivindicativa, unida a las reclamaciones nacionalistas desde Cataluña y el País Vasco, además del terrorismo, originaron un clima involutivo que derivó en el golpe del 23-F y en el posterior pacto entre la gobernante UCD y el PSOE para articular la denominada Ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico (LOAPA). Esta ley pretendía ser un freno al proceso autonómico, que desde el poder central se consideraba desbocado.

Sin llegar a comparar la situación actual con la de hace un cuarto de siglo, dsde el Ejecutivo se recuerda, que ése fue "el comienzo del fin de la UCD" como partido nacional vertebrador. La lección que extrajeron muchos de los dirigentes hoy del PP, entonces en UCD, es que ese tipo de debates hay que cortarlos de raíz antes de que se generen falsas impresiones de agravio comparativo en la opinión pública.

Resaltan que el presidente del PSOE, Manuel Chaves, entre criticar a Pasqual Maragall o sumarse al carro reivindicativo, ha optado por lo segundo con la petición de una agenci tributaria "porque hay elecciones a la vista". "Si hubiera elecciones en Asturias, veríamos al presidente asturiano reclamar un tribunal Supremo asturiano", indican las fuentes gubernamentales consultadas. Y así en una escalada sin fin, auguran.

"EL PROBLEMA ES EL PSOE", NO ERC

De momento, hoy, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el portavoz, Eduardo Zaplana, ha seguido cargando contra lo que ocurre en Cataluña, aunque ha matizado que no lo hace contra el gobierno legítimo, sino contra l documento firmado por PSC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya.

Para el Gobierno, tanto el polémico referéndum como el papel de última instancia del Tribunal Superior de Justicia, entre otros aspectos del texto, "llevan a pensar" que se quiere entrar en un "un proceso de liquidación" de la administración central, que no tiene nada que ver con un aumento competencial.

Luego, añadió Zaplana, habrá quien diga que eso es sólo un papel y que el tripartito se va a compotar de otra manera, pero la "obligación" del Gobierno es responder al desafío anticonstitucional que se le plantea. Pasqual Maragall y, sobre todo, El PSOE y su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, deben decir si han firmado eso para cumplirlo. "Ya sabemos que ERC defiende cuestiones como las que acabo de expresar (...) y es independentista. El problema es que el PSOE suscribe eso (el acuerdo)", indicó.

Y el problema, insistió, es que ese acuerdo obliga al PSOE a llevar a cabo determinadapolítica en toda España, que contraviene la Carta magna en varios artículos. Zapatero, dijo Zaplana, debe aclarar "si considera necesario o no" el Parlamento, Congreso y Senado, porque el texto firmado por el PSC con ERC aboca a ese proceso de liquidación del que ha hablado en todo momento.

Por eso, Zaplana se ha ratificado en lo que dijo la pasada semana sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, sin entrar en esta ocasión en consideraciones políticas sobre un gobierno que Maragall todavía no ha formdo. Eso sí, cuando se le ha preguntado por las palabras del Rey al presidente del Parlamento de Cataluña ("hablando se entiende la gente"), en lugar de rehusar comentar las palabras del monarca, como es habitual en los portavoces oficiales, Eduardo Zaplana se ha extendido varios minutos.

Tras señalar que Don Juan Carlos y toda la Familia Real se han dedicado en este XXV aniversario de la Constitución a defender la Carta Magna, contrapuso la actitud responsable del Gobierno para frenar el desafío nacioalista con la tesis de "algunos" que dicen que no pasa nada y que las aguas volverán a su cauce.

Concluyó asumiendo las palabras del ex dirigente de CiU Miquel Roca cuando decía esta semana: "tengo la sensación de que a algunos españoles no les gusta vivir en una situación de comodidad" y añoran la historia atormentada de España en los últimos 150 años en los que se sucedieron cuatro guerras civiles y varias constituciones fallidas.