Así, se encargará de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular de estos fondos.

Su ámbito de actuación será el sector público de Cataluña, integrado por la Administración de la Generalitat, los entes locales y las universidades públicas, incluidos en todos los casos los organismos, las entidades asociadas y las empresas públicas que dependan.

También podrá actuar respeto a los concesionarios de servicios y los contratistas de obra pública, las fundaciones y los consorcios que se nutren en más de un 50% de fondos públicos.

El director será nombrado por el Parlamento por mayoría de tres quintas partes, y su mandato será de nueve años. Esta ley llegó hoy al Pleno después de que el Consejo Consultivo hubiera dictaminado, a petición de CiU y el PPC, sobre su adecuación a las previsiones estatutarias.