El programa electoral de Convergència i Unió propone como objetivo desplegar y aplicar la Ley de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y especifia que procurará extender a toda la red de metro de Barcelona la supresión de barreras, como ya se ha hecho en la línea 2 del metropolitano barcelonés.

Asimismo, un eventual Gobierno de CiU exigirá el cumplimiento de la normativa para que no se creen barreras arquitectónicas en edificios de nueva construcción y que se supriman en todos los edificios públicos de la Generalitat. También promoverán su supresión en los locales de las administraciones locales y de las instituciones privadas, principalmente n comercios y servicios.

En cuanto al empleo, CiU garantizará que se cumpla el cupo del 3% que la ley reserva a los minusválidos en los organismos y empresas públicas y la Generalitat dará prioridad en la contratación de bienes y servicios a las ofertas procedentes de centros ocupacionales y centros especiales de empleo.

CiU propone asimismo garantizar el acceso a la comunicación por parte de las personas sordas, mediante la formación de intérpretes del lenguaje de signos, exigiendo que los funcinarios de información pública conozcan este lenguaje y adaptando un mayor número de programas de la Televisión de Cataluña para que puedan ser comprendidos por los sordos.

La coalición catalana también propone potenciar la prevención y la atención precoz de las minusvalías, mejorar la red de servicios de atención, facilitar viviendas sociales a los discapacitados y ayudar en las obras de supresión de barreras de sus viviendas, así como promover la práctica del deporte entre los minusválidos.

Por u parte, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) centra sus propuestas electorales sobre calidad de vida de las personas discapacitadas en desarrollar medidas para el fomento del empleo entre los minusválidos, incrementar la formación profesional y ocupacional de los mismos, incidiendo en el cumplimiento de la reserva del 3% de plazas en las administraciones públicas. También insisten en la supresión de barreras como objetivo primordial.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

El PP, por su parte, propone ayudas econmicas a todas las familias con discapacitados a su cargo cuyos recursos sean inferiores a tres veces el salario mínimo interprofesional.

Para impulsar la contratación de personas discapacitadas, los populares catalanes proponen incrementar las deducciones de las cuotas de la Seguridad Social de las empresas contratantes.

Asimismo, exigen el cumplimiento de la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo para discapacitados en las empresas de más de 50 trabajadores y, además, un incremeno de la reserva en las administraciones públicas catalanas hasta el 5%, superando el 3% previsto en la ley actual.

En materia de comunicación para sordos y ciegos, el PP pide el reconocimiento del lenguaje de signos como idioma y de la titulación de intérprete de este lenguaje dentro del sistema universitario catalán, la emisión de todos los programas de televisión informativos y culturales con subtítulos a través del teletexto y la elaboración del material universitario en sistema braille para ciegos

SINTETIZADOR DE VOZ EN CATALAN

La formación nacionalista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exige el cumplimiento "estricto" de la ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y pide un aumento de las prestaciones y ayudas para los minusválidos a todos los niveles.

Sin embargo, el programa de ERC en cuanto a minusvalías destaca algunas medidas referentes al idioma, ya que exige otorgar el rango de lengua oficial al lenguaje de signos, elaborar un "buen sintetizador de vozen catalán" para los ciegos, dotar de lectores ópticos a las bibliotecas públicas, mejorar los transportes públicos a las necesidades de los sordos e incorporar el lenguaje de signos a las noticias de la televisión catalana, entre otras medidas.

Por último, Iniciativa per Catalunya-Els Verds coincide con sus oponentes electorales en las líneas básicas de promover el empleo entre los minusválidos y la eliminación de barreras arquitectónicas. En concreto, para este último aspecto, IC propone destinar un3% del presupuesto total de la Consejería de Bienestar Social.