El representante del grupo de padres contrarios a la inmersión lingüística explicó que no recurrirá la constitucionalidad de la ley "porque eso significaría tener pendiente dos años la resolución".

En cambio, el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar antes, (Gómez Rovira espera que en junio) y "creemos que se va a prounciar en contra de esa doctrina equivocada, con todos los respetos, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Gómez Rovira, que dijo que "la sentencia era algo esperado", destacó que la resolución declara que se conculcaron de derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 27 de la Constitución (de igualdad ante la ley y de derecho a la educación) por parte de la Generalitat de Cataluña y consideró que "esta vulneración es grave".

Según el abogado, la sentencia corrobora el dereco de los padres a elegir la enseñanza en catalán o castellano para los niños de hasta 7 años y anunció que exigirán "contundentemente" a partir de mañana el cumplimiento de este aspecto.

"Lo que haremos es intentar que se cumpla por todos los medios lo que sí tenemos derecho, que los niños de hasta 7 años reciban totalmente la clase en castellano", dijo el abogado, y, en lo referente a los niños de a partir de esa edad, "esperaremos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie", añadió.

Gómez Roira afirmó que él y sus representados tienen "serias dudas" de que la Generalitat vaya a cumplir esta sentencia, "porque no la ha cumplido nunca. No ha cumplido ninguna sentencia y ahora dirán que no tienen medios" para aplicarla.

Citó como ejemplo el caso de una madre castellanoparlante de Sant Feliu a la que le han prometido como solución ponerle a su hija dentro de la clase a un profesor que hable castellano sólo para ella. "Lo bueno que tiene esta iniciativa es que podríamos acabar con cierto parolaboral de los profesores castellano hablantes", ironizó.