El consejero aseguró que si su departamento no ofrecía la suficiente atención individualizada en castellano hasta ahora era porque los padres no lo habían pedido.

Pujals expresó la "satisfacción" del Gobierno catalán, en una rueda de prensa convocada tras cnocer el contenido del auto hecho público hoy. A su juicio, el tribunal "ratifica la validez del modelo lingüístico de la enseñanza en Cataluña", hasta el punto que la Generalitat "no considera necesario interponer recurso".

Para el consejero, el auto del TSJC, que constata la constitucionalidad de la 'ley del catalán' y rechaza la separación de los alumnos por cuestión de lengua, puede ser muy positivo de cara al próximo pronunciamiento sobre la misma cuestión por parte del Tribunal Constitucional, tas el requerimiento del Supremo.

Asimismo, Pujals explicó que la Generalitat no había cubierto las demandas de atención individualizada antes de la interlocutoria del 17 de diciembre pasado porque "no sabíamos que había más padres que lo querían".

Según dijo, el departamento de Enseñanza sólo había registrado 57 peticiones de atención individualizada en castellano a niños menores de 7 años al iniciar el actual curso escolar, de los cuales, dijo, 13 ya han pedido seguir la enseñanza en catalán.

En este sentido, afirmó que el centenar de padres firmantes del recurso contra la 'inmersión lingüística' no había solicitado a la consejería dicha atención y que el propio departamento se enteró de su intención después de la interlocutoria.

Pujals se remitió al apartado del auto del TSJC en el que "estima que algunos de los recurrentes recibieron con retraso la adopción de medidas de atención individualizada, pero considera que la Generalitat ya atendió el requerimiento formulado en la interlocutora".

En su opinión, el pronunciamiento de este tribunal zanja la polémica en torno a la Ley de Normalización Lingüística y su aplicación. Recordó que la Administración catalana tiene una "voluntad absoluta de dar cumplimiento a lo que digan los tribunales para garantizar esos derechos individuales".

El fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, ya consideró la pasada asemana que no era aceptable una enseñanza impartida sólo en castellano ni la separación de los alumnos en centros o en aula por cuestiones de lengua.

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Rodríguez-Piñero, por su parte, afirmó que no creía que existiera el derecho a no conocer el catalán si se vivía en Cataluña.