En concreto, el Gobierno balear recurrió contra un convenio que firmaron en 1988 los ministerios de Educación y Defensa, referido a los centros de enseñanza propiedad de este último.

El acuerdo establecía que la enseñanza de la lengua propia de la comunidad autónoma -el catalán en el caso balear- tendría caráctr obligatorio, pero el Ministerio de Educación podría conceder la exención de cursar la enseñanza de esa lengua propia autónoma en los casos que estime procedentes.

El Ejecutivo balear adujo frente a ese acuerdo que el Estado carece de competencias para tomar tales decisiones en el ámbito educativo que, a su juicio, el Estatuto de las islas atribuye al Gobierno autonómico.

En su sentencia, a la que tuvo hoy acceso Servimedia, el Constitucional afirma que las disposiciones contenidas en el conveni entre Educación y Defensa "entrañan una injerencia ilegítima en el ámbito competencial acotado por el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares".