El escenario fue la Comisión de Educacón del Senado, donde compareció la ministra Pilar del Castillo para explicar los borradores de ley de Universidades y Formación Profesional.

Tras la intervención inicial de la titular de Educación, varios portavoces de la oposición hicieron mención a las críticas que han manifestado destacados sectores de la comunidad universitaria hacia el anteproyecto del Gobierno. En concreto, el portavoz del PSOE, Manuel Fernández Zanca, habló de una posición en contra abrumadoramente mayoritaria de los rectores. Esto dio pie a Del Castillo para preguntar al representante socialista en su turno de réplica si estaba "tan seguro de que tantos rectores estén en contra" del proyecto.

A su juicio, si los rectores, después de un largo debate de semanas, "sólo han podido emitir un comunicado de 26 líneas, es probablemente como consecuencia de que hay una gran diferencia" entre ellos, y "al final sólo les ha sido posible llegar a un acuerdo de esa naturaleza, en un punto sobre un tema específico, y todavía no se hn pronunciado sobre los otros".

Tanto en su comparecencia como en posterior encuentro con los periodistas, la ministra señaló que el Gobierno estudia la fórmula adecuada para la configuración de los órganos de gobierno de las universidades después de los recelos que ha despertado la entrada de representantes sociales en el consejo de gobierno. Sin embargo, dejó claro que el Ejecutivo no piensa renunciar al "principio" de que la sociedad esté conectada con la universidad, porque es un "pilar" fundamentl del anteproyecto.

La ministra minimizó el rechazo manifestado hoy por los rectores a la última fórmula ofrecida por su departamento, consistente en bajar del 33 al 20 por ciento la representación social en el consejo de gobierno.

"El ministerio no puede adoptar sus posiciones últimas por lo que digan los rectores", remarcó Del Castillo. A continuación, descartó que vaya a producirse una próxima reunión bilateral con la CRUE y aseguró que el foro idóneo para hablar con este colectivo es únicamene el Consejo de Universidades.

La ministra reafirmó su convencimiento de que el anteproyecto no invade la autonomía universitaria y de que no habrá "ningún problema" con las comunidades sobre sus competencias en materia de enseñanza superior.

Del Castillo se congratuló de que haya aparecido una carta abierta de apoyo al anteproyecto, que han firmado hasta el momento medio millar de profesores de 60 universidades.

DEMOCRACIA ORGANICA

Mucho más severo contra los rectores se manifestó el portvoz del PP, José María Barahona, quien lamentó los "tópicos que se han instalado en la opinión pública" sobre el anteproyecto por culpa de reflexiones como las de los responsables de las universidades, a quienes responsabilizó de ejercer el "monopolio de la crítica".

"La CRUE", agregó, "que no es otra cosa sino una asociación de derecho privado de unos asociados que, instalados en una situación de democracia orgánica, están apoyados por un clientelismo previo que, de facto, puede dar lugar a perversiddes de regímenes académicos tipo PRI (Partido Revolucionario Mexicano, que gobernó durante varias décadas de forma ininterrumpida), con críticas jaleadas por algunos partidos que sólo alaban la crítica por la crítica".

Este senador saltó a los titulares de las noticias educativas hace unos meses, cuando crítico con dureza el "Informe Universidad 2000" encargado por la CRUE a una comisión de expertos presidida por Josep María Bricall.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

El representante socialista, Manuel Fenández Zanca, dijo que el anteproyecto retrotrae a la universidad española "a una situación anterior a la LRU". A su juicio, es un texto que fomenta el privilegio de las universidades de la Iglesia y beneficia en conjunto a los centros privados.

Sobre el profesorado, opinó que dilata la carrera docente, restringe el acceso a los cuerpos de funcionarios y deja poca representación a los alumnos en los órganos de las universidades.

Josep Varela, de CiU, sostuvo que el anteproyecto refleja una "descofianza hacia las autonomías", igual que el de Formación Profesional. "No puede ser que las comunidades autónomas seamos los invitados de piedra que ejecutemos lo que nos dicta el ministerio", apuntó.