Esta oferta se produce después de las críticas que han planteado los rectores, varias comunidades autónomas y partidos de la oposición, que consideran quela entrada en los consejos de gobierno de miembros de los consejos sociales, prevista en el anteproyecto, atenta contra el principio constitucional de autonomía universitaria.

En declaraciones a la Cadena Ser, la ministra dijo hoy que si esta propuesta va a suponer un conflicto, el Ejecutivo está dispuesto a estudiar "que en el consejo de gobierno estuviera sólo la comunidad académica, y que los consejos sociales, que son una figura que existe actualmente, tuvieran una definición muy precisa de competncias y funciones, de tal manera que pudiera haber una real participación de la parte social en las decisiones presupuestarias de las universidades. Este es otro modelo en el que las comunidades autónomas se encontrarían más cómodas".

Pese a esta voluntad de rectificación, Del Castillo defendió la idoneidad de lo establecido en el anteproyecto, consistente en que haya en los consejos de gobierno una representación minoritaria de la sociedad (los consejos sociales) de un 33 por ciento.

Aseguró queéste es el modelo al que se han encaminado prácticamente la totalidad de las universidades europeas, y opinó que la representación de la sociedad está justificada "porque las decisiones que toma la universidad tienen consencuencias económicas y sociales".

"Una cosa es la autonomía universitaria a efectos de docencia e investigación, que lógicamente hay que preservar y que está consagrada constitucionalmente, y otra cosa es aquellas decisiones que tienen consecuencias presupuestarias e importantes conscuencias para la sociedad, que tiene que decir algo porque el dinero con que se financian las universidades públicas es un dinero de todos".

Del Castillo ya anunció días atrás que el Gobierno también rectificará el anteproyecto para dejar claro que las universidades privadas no podrán decidir en el Consejo de Universidades sobre asuntos que competan a las públicas.

SORPRENDENTE

En sus declaraciones de hoy, la ministra volvió a criticar el manifiesto que difundieron los rectores el pasado vierne, en el que plasmaron sus sugerencias de cambio sobre los órganos de gobierno.

La titular de Educación señaló que es "sorprendente" que los rectores hayan dicho "básicamente" que los órganos de gobierno de las universidades deben seguir como están en la actualidad, cuando ellos "llevan ya casi una década de debates acerca de la necesidad de reformar la universidad".

Del Castillo reiteró su voluntad de diálogo con los rectores, pero advirtió que el Gobierno aprobará el proyecto de ley con o sin laopinión de este colectivo en torno a finales de julio.

Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, ofreció hoy una rueda de prensa para salir al paso de las críticas que han recibido del ministerio por querer "imponer" sus opiniones sobre el anteproyecto y demorar innecesariamente la aprobación de la ley.

De la Plaza negó estos reproches y aseguró que la CRUE sólo pretende formular sus propuestas y que el ministerio las escuche en un plazo razonable dediscusión y sin tantas prisas.

FORMULA ALTERNATIVA

Aseguró que la asamblea general de la CRUE aprobó el pasado viernes propuestas sobre los órganos de gobierno porque consideran que es el punto más inadmisible del anteproyecto.

Sostienen que la entrada de miembros de los consejos sociales en los consejos de gobierno atenta contra la autonomía universitaria. A su juicio, una fórmula alternativa como la de que los representantes sociales no tuvieran voz en los temas académicos que trate el consej de gobierno, no funcionaría.

De la Plaza apuntó que esta fórmula crearía una "mezcla" que entorpecería los trabajos del consejo de gobierno y que en lugar de arreglar los problemas, los "complicaría".

El responsable de la CRUE aseguró que el sábado habló con la ministra para mejorar el clima de diálogo entre ambos partes y ahora, una vez que los rectores le han enviado sus propuestas sobre los órganos de gobierno, corresponde al ministerio tomar la iniciativa.

Los rectores insisten en entabar un cauce particular de conversaciones con el Ejecutivo al margen del que mantienen en el Consejo de Universidades. De la Plaza aseguró que en este órgano también están presentes las comunidades autónomas y miembros elegidos por el Gobierno y las Cortes, y la CRUE no quiere apropiarse de la voz del consejo.

En cuanto a los plazos de debate, los rectores piden al Gobierno que renuncie a la urgencia en la tramitación, porque creen que la discusión real empezó el 7 de mayo, cuando el Gobierno presentó l anteproyecto.