En rueda de prensa ras una reunión con responsables de Educación del PP, la ministra fue preguntada si el Gobierno está dispuesto a aceptar que los itinerarios no sean de obligado cumplimiento para todas las autonomías, en el sentido de lo que ha planteado CiU como una de las condiciones para votar a favor del proyecto.

Según informa hoy el diario "El Mundo", el Ministerio de Educación ha decidido suavizar el articulado enviado a las Cortes para recabar el respaldo de CiU.

El propósito de los nacionalistas catalane es conseguir durante el trámite parlamentario que la división prevista de los alumnos a partir de Tercero de la ESO no sea de obligado cumplimiento para todas las comunidades, sino que cada centro escolar pueda hacer su organización pedagógica siguiendo unos criterios generales mínimos.

La consejera de Enseñanza Carme Laura Gil ha afirmado que la creación de itinerarios "es una organización pedagógica, no un establecimiento básico para todo el Estado y cada centro lo tendría que hacer a su manera, sore unos criterios generales de no segregación, de adquisición de competencias básicas para todo el mundo".

A su juicio, "este punto, que es muy controvertido, creemos que forma parte de la organización y autonomía del centro, y no tendría que ser de obligado cumplimiento para todo el Estado".

Hoy, la ministra dijo que estas vía formativas representan "nuevas oportunidades que se establecen en la ordenación del sistema para que los alumnos, según sus motivaciones, puedan encontrar la respuesta másadecuada posible en el sistema".

"Los itinerarios constituyen un elemento de ordenación del sistema y tienen que ser, lógicamente, un elemento común del sistema educativo", señaló del Castillo.

Respecto a la noticia referida a las concesiones que se harían a CiU, afirmó que el PP estará abierto en el Parlamento "a propuestas que mejoren el proyecto, de la misma manera que el ministerio siempre ha estado abierto al diálogo".

La titular de Educación se mostró convencida de que en el trámite palamentario se podrán abordar mejoras en el proyecto y confió en que el PSOE encare el debate "sin demagogias", "con serenidad" y que "se dé cuenta que los temas educativos son de una enorme importancia".

Por lo que se refiere a la memoria económica, insistió en que la evaluación del impacto económico de la ley sobre las comunidades autónomas la determinará el Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez que la ley esté aprobada.