Las ayudas cuestionadas son créditos fiscales consistentes e un porcentaje del 45% del importe de la inversión, aplicable a la cuota a pagar del impuesto personal, siempre en relación con inversiones efectuadas en activos fijos materiales nuevos que excedan de 2.500 millones de pesetas.

El Gobierno de Castilla y León señala que esas ayudas son consideradas incompatibles con las reglas del mercado único, según el criterio coincidente de la Comisión Europea, el Estado español y varias comunidades autónomas limítrofes con el País Vasco que se han visto afectadas or ellas.