Los conservacionista aseguraon que el consejero de Industria de Castilla-La Mancha, José Luis Ros, ha viajado a Estados Unidos junto al director general de Industria y Energía, Pedro Aránguez, y varios diputados de las Cortes regionales, para "aprender las últimas novedades en gestión de residuos de la empresa 'WMI'".

El viaje, afirmaron, ha sido organizado por el diputado socialista Mario Mansilla, que es el presidente de la Comisión Parlamentaria para la comarca de Almadén (Ciudad Real).

"Greenpeace-EE.UU.", agregaron, "h publicado precisamente hace unas semanas un minucioso informe sobre las actividades de la empresa, llamado 'WMI: una enciclopedia sobre crímenes ambientales y otros delitos'".

El estudio de los ecologistas norteamericanos recuerda que, según la revista "Fortuna", esta empresa, la mayor del mundo dedicada a gestión de residuos y que ingresó 600.000 millones de pesetas durante 1990, es la que ocupa el primer lugar en crímenes ambientales en EE.UU.

Asimismo, dice que ha pagado la multa más cuantios impuesta a una sociedad en ese país por un crimen ambiental, 447,5 millones de pesetas, por los fallos de funcionamiento y accidentes en su incineradora de residuos peligrosos de Chicago.

El informe de Greenpeace denuncia, además, que paradójicamente es una de las empresas que ha contribuido con más dinero a la financiación de las campañas electoraels en los EE.UU., y afirma que al menos siete ex altos cargos de la agencia de medio ambiente norteamericana trabajan actualmente en "WMI".

Concluye severando que ha sido juzgada por prácticas monopolistas, fijación de precios e incluso por agresiones físicas a sus competidores.

La portavoz de la campaña contra la incineración de residuos de Greenpeace-España, Dolores Romano, calificó como de muy grave que la Administración castellano-manchega "pueda tomar como modelo a una empresa con tan negro historial ambiental".

Romano volvió a criticar al Gobierno presidido por el socialista José Bono por "aprobar el enterramiento de 11.000 toneladas deresiduos tóxicos en un área natural protegida y apoyar la intalación de una incineradora que quemará los residuos generados en las regiones españolas y países europeos más industrializados".

Según los conservacionistas, "WMI" también se dedica al enterramiento e incineración de todo tipo de residuos, razón por la cual, explicaron, "emplea su poder económico y político para frenar otras alternativas limpias, como los procesos de producción que no generan residuos".

"El pueblo americano", indicaron "pagó 90.000 millones de pesetas en 1987 por enterrar e incinerar sus residuos, mientras que en 1990 pagó el doble".