A su juicio, el estatuto que presentó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, busca "que el ciudadano tenga un servicio público y una administración de calidad".

Además, destacó, se trata de un texto que, por primera vez, proporciona a las comunidades autónomas y a las entidades locales "un margen de maniobra suficiente para regular nuestras propias necesidades con los empleados públicos, ya sean funcionarios o laborales".

En este sentido, la titular de Administraciones Públicas recordó que, de los dos millones de empleados públicos que hay en España, únicamente la cuarta parte pertenece a la Administración General del Estado.