El consejero señaló que es básico priorizar las ayudas a la cooperación internacional, pero que también es esencial que todas la administraciones de la región coordinen ese esfuerzo económico.

El consejero agregó que es aconsejable una ley no sólo para que la cooperación internacional tenga garantía legal, sino "para conseguir la plena participación de todas las instituciones de la región", según sus palabras.

García-Page matizó que, aunque el proyecto de ley se presentará en la primera mitad del 2000, esta normativa no tendrá plena eficacia hasta el 2001.

Por tanto, señaló que es mejor lograr un texto consensuado co las diputaciones y ayuntamientos que destinan fondos a este fin y que el borrador se debata en el seno de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha.

El titular de Bienestar Social precisó que la Junta de Comunidades destinará en el 2000 el 0,7% de sus propios fondos a proyectos de cooperación internacional, lo que supone una partida de 1.000 millones de pesetas.

Asimismo, recomendó al Gobierno central que aumente en los Presupuestos del Estado la cantidad que destina a fondos de cooperación,de forma que pase del 0,26% actual al 0,35%, por lo menos.