Así lo aseguró esta tarde el vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, quien justificó la decisión en que dicha resolución carece de evaluación medioambiental; no cumple la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico del Tajo al no determinarse qué fincas dejan de regarse, a cuáles va destinada esa agua y quién la va a utilizar, y no ofrece garantías legales de que los regantes de Estremera hayan cumplido con la mejora de regadíos a la que estaban obligados para poder seguir usando el agua que tenían asignada.

"Al presidente Barreda no va a temblarle el pulso y va a defender los intereses de la región aunque sea discrepando, discutiendo o impugnando decisiones cuando crea que debe defender nuestros intereses", aseveró Lamata en rueda de prensa.

El también portavoz regional afirmó que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una posición firme en este tema porque, más allá de procedimientos jurídicos como el recurso hoy autorizado, "vamos ganando, poco a poco, el debate de la razón con nuestras razones".