En su opinión, "no se puede dejar al arbitrio de las comunidades autónomas" los problemas de cohesión social, por lo que el Estado debe velar porque dentro de cada una de ellas haya un desarrollo equilibrado de estos srvicios.

García-Page advirtió que, cuando se está haciendo notables avances en la armonización en todo el territorio de la sanidad o la educación, "la mayor injusticia se puede cometer en los servicios sociales".

El consejero agregó que "no es razonable que el Estado minusvalore el factor social a la hora de establecer modelos de financiación". Esta será una de las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha en la negociación del sistema que debe estar vigente entre 2001 y 2005, que se iniiará el próximo año.