El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en la reunión mantenida hoy con carácter extraordinario, acordó proponer a las Cortes regionales que ejerzan la iniciativa legislativa, según se contempla en el artículo 87.2 de la Constitución española.

Dicho artículo dice: "Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ly, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea, encargados de su defensa".

Según explicó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López Carrasco, el Consejo de Gobierno elaborará para su aprobación un proyecto de ley cuyo objetivo es impedir el trasvase de agua de las cuencas cuando no existan excedentes en la cuenca de origen. Las Cortes regionales deberán pronunciarse sobre este proyecto y, si es aprobado, lo remitirán a las Cortes nacionales.

López Carraco reiteró que el Consejo de Gobierno ha tomado esta importante decisión al considerar que el último trasvase, de 35 hectómetros cúbicos, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros es "ilegal y rompe las reglas del juego", al no existir excedentes en la cabecera del Tajo.

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó encomendar a los representantes de la comunidad autónoma en el Consejo Nacional del Agua que informen el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, atendiendo especialmente a impedr el traspaso de recursos no excedentarios en la cuenca de origen.

"Si la experiencia de Castilla-La Mancha es negativa", agregó López Carrasco, "nuestra queja supondrá una alerta para aquellas cuencas que ya están remisas a aprobar el Plan Hidrológico Nacional si no se garantiza que se trasvasará cuando sobra".

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó también remitir al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente el contenido y la justificación del acuerdo del Consejo d Ministros del pasado 6 de mayo, por el que se autorizó un trasvase de 35 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura.

El Ejecutivo castellano-manchego optó también por ejercer las acciones jurisdiccionales oportunas contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros y decidió dirigirse a los órganos de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo para proponerles la adopción de medidas y el estudio de las condiciones ambientales de esta cuenca.