Para Gil, la Ley del Sector Ferroviario parece "más pensada por una empresa que cotiza en Bolsa y busca sólo los beneficios, que por un Gobierno que debe velar porque todos los ciudadanos tengan un servicio de transportes digno". A su juicio, el Ministerio de Fomento pretende con esta reforma sentar las bases para la progresiva liberalización del tren, posiblitando así la apertura de este tipo de transporte a la libre competencia.

Además, el responsable de Obras Públicas cree que, "bajo el paraguas de la apertura del ferrocarril español al libre mercado, se esconde una pretensión clara, la de hacer negocio con el tren a costa del servicio público y el interés general". Según Gil, en la nueva ley el Gobierno central se reserva la potestad de dictaminar el cierre de las líneas o tramos que no sean rentables, menospreciando por completo la función social de ferrocarril.

En su opinión, en virtud de este criterio estrictamente economicista, corren "serio peligro" de desaparecer las líneas convencionales de tren Aranjuez-Cuenca-Valencia, Mérida-Puertollano-Ciudad Real-Manzanares y Chinchilla-Hellín-Murcia, así como los trayectos entre Aranjuez-Toledo y Guadalajara-Zaragoza, "líneas, que, según Gil, tienen su sentencia dictada con la puesta en marcha de los AVE que conectan Madrid con Toledo y Lleida, respectivamente .

El consejero considera "muy grave esta medida, porque "es absolutamente contraria a los principios de la Constitución española", que, en su artículo 149, establece que el Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Gil apuntó que "éste es el principal argumento que podría sustentar un posible recurso de inconstitucionalidad".

Gil aseguró que con la nueva estructura ferroviaria diseñada, el Gobierno central pretende arrgarse más competencias de las que le corresponden, por ejemplo, en terreno urbanístico, en el que la reforma supondrá, a su juicio, un menoscabo a las competencias de los ayuntamientos y autonomías. Además, aprovechó para denunciar la "arbitrariedad" con la que el Gobierno central aplica la legislación vigente en casos de concesión de licencias y adjudicaciones, sin someterse al preceptivo control público .

"Especialmente preocupante" es también, para Gil, que la reforma ferroviaria sea, en su opinión "cicatera" con la inversión en seguridad vial; y que el Estado se dote de capacidad para poder "especular" con terrenos susceptibles de expropiación.