Pardo explicó que hay que adaptar la actual normativa, que fue probada en 1986, a la realidad social de la región, que ha sufrido grandes cambios en la última década.

La primera tarea será conseguir un amplio consenso social e institucional, así como establecer las bases que sirvan de referencia para todas las leyes de las distintas comunidades autónomas sobre esta materia.

La nueva ley definirá los derechos y garantías mínimas de los servicios sociales, así como su financiación. Establecerá las responsabilidades públicas y civiles al respecto, de forma que a esfera pública fomente el fortalecimiento de la sociedad civil.

Pardo adelantó que se introducirá la posibilidad de elección de los servicios sociales para los usuarios, y que se establecerán fórmulas de formación y reciclaje de los profesionales que trabajan en este sector.

La directora hizo estas declaraciones tras la reunión del Consejo regional de Asuntos Sociales, en la que éste dejó clara su intención de que antes de que finalice la actual legislatura estén diseñadas las directrices de lanueva normativa.

La nueva ley, sin embargo, no estará lista hasta la próxima legislatura, debido a la intención de recabar el máximo consenso social en torno a este proyecto.