El texto definitivo de la ley, que incorporó enmiendas de los grupos de oposición al PSOE, establece que en un plazo máximo de diez años todos los ayuntamientos de la región tendrán que suprimir las barreras para el desplazamientos de personas con minusvalías.

Asimismo, todos los edificios y el urbanismo de nueva construcción deberán regirse por esta nueva norma, que también afeta al transporte y a la comunicación sensorial.

La ley fija la reserva de un 3 por ciento de las viviendas de promoción pública para las personas con algún tipo de minusvalías, e incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100 millones de pesetas.

El consejero de Bienestar Social, Fidel Martínez, afirmó que esta norma "es una apuesta por el futuro y por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que sufren cualquier tipo de minusvalías".