Del olmo reiteró hoy el acuerdo del Consejo extraordinario de Gobierno sobre los presupuestos que indice en que las cuentas son un "ejercicio de responsabilidad (...) marcadas por la contención del gasto público".

El proyecto de ley se elaboró con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2009 del 1,0% (la misma que para España) y contempla una tasa de paro del 10,9% -1,6 puntos por debajo de la media nacional-, que implica la reducción de 4.100 empleos.

Las cuentas de Castilla y León para el próximo año fijan el déficit público en el 0,65% del PIB regional, un porcentaje inferior al límite del 1% que permite la Ley de Estabilidad.

El déficit presupuestario se traducirá en la emisión de deuda pública nueva por importe de 398,6 millones de euros en 2009.

De esta cantidad, 152 millones corresponden a un Plan de Inversiones Productivas, que ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda y equivale al 0,25% del PIB.

El resto, 246,6 millones (el 0,4% del PIB), supone hacer uso de la posibilidad legal de endeudarse en el 0,75% adicional sin presentar plan de saneamiento, que se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 8 de octubre. Como consecuencia, la "deuda viva" de la comunidad se situará a finales de año en 2.193 millones.

CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS

Los gastos corrientes no sociales se recortan significativamente, en un porcentaje del 12,1%. Algunas de las partidas que más bajan son las de atenciones protocolarias y publicidad y promoción, que caen a la mitad.

Los recursos destinados a reuniones y conferencias se reducen el 30,3%; el gasto en publicaciones, el 29,8%; la factura de comunicaciones, el 15,9%; y el gasto en material de oficina, el 11,7%.

La contención también se refleja en la congelación de los sueldos de los altos cargos de la Administración autonómica.

En el caso de los empleados públicos, los gastos de personal se incrementan el 3,1%. Las retribuciones básicas (salario y trienios) y complementarias aumentan el 2% y se garantiza el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social, además de incorporar a las pagas extraordinarias la totalidad del complemento específico.