"Pedimos una ley estatal que fuera básica para garantizar la igualdad y que se encuadre en las competencias de la Seguridad Social para que pudiese configurar un derecho subjetivo pleno", declaró la consejera castellanoleonesa en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

A su juicio, el texto actual de la futura norma es "diametralmente opuesto" a la demanda hecha en el Parlamento por la mayoría de las organizaciones que trabajan en favor de las personas mayores y discapacitadas, "que pidieron una ley básica y que tuviera la garantía del Estado a través de la Seguridad Social", algo que, añadió, no se ha recogido.

Lo que sí se ha recogido, continuó Valdeón, es la voluntad de Cataluña, que fue la única voz discrepante en el modelo de Ley de Dependencia, al oponerse a que el sistema se vinculara a la Seguridad Social.

El papel de esta minoría consiguió, sin embargo, "la marcha atrás del Gobierno y la sustitución del modelo inicial de Ley de Dependencia por otro acorde con las exigencias del nacionalismo", añadió.

FINANCIACIÓN

En este modelo, explicó la consejera, se prevé una financiación por medio de convenios bilaterales, lo que hace que la norma no fije la aportación estatal, que se hace depender de los presupuestos y que se define sólo hasta el año 2015.

Los más de 12.100 millones que el Estado prevé aportar desde la entrada en vigor de la ley hasta 2015 "no son suficientes" para universalizar este derecho, aseguró Rosa Valdeón, quien señaló que, además, "el grifo se cierra de golpe" en ese año, ya que el Ejecutivo no ha hecho previsiones para después.

En esta línea, subrayó que "es falso" que el Estado vaya a financiar el 50% del Sistema Nacional de la Dependencia, pues son y seguirán siendo las comunidades autónomas y las corporaciones locales las que hagan los mayores esfuerzos en materia de dependencia.

"En los cuatro años previstos para esta legislatura nacional, la Junta de Castilla y León va a hacer un esfuerzo presupuestario entre 10 y 15 veces superior al del Gobierno de la nación, conforme a las cuantías ya comprometidas y lo estipulado en la memoria de la ley", explicó.

Por todo esto, la comunidad castellanoleonesa considera que el futuro Sistema de Dependencia necesita tener como punto de partida una ley básica esencial: "un sólido tronco común que dé lugar a un sistema y no a 17 diferentes".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades cree que España está ante un problema de Estado que precisa de tres pasos para resolverse: uno, hacia la universalización; otro, hacia la igualdad, y uno tercero dirigido a conseguir la sostenibilidad financiera de cara al futuro del sistema.

PROPUESTAS DE MEJORA

Por último, Valdeón citó una resolución aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado día 15, en la que se resumen las principales propuestas que hace esta comunidad para mejorar el texto actual de la futura Ley de Dependencia.

Concretamente, las Cortes castellanoleonesas piden una ley básica integrada en la Seguridad Social en la que quede recogida la garantía y el respaldo del Estado sin "fecha de caducidad", y la eliminación del sistema de convenios bilaterales para su financiación.

Igualmente, la región apuesta por la participación de los beneficiarios y de sus familias en las decisiones que les puedan afectar, por la sostenibilidad financiera y por que se tengan en cuenta las características diferenciales de envejecimiento, dispersión poblacional y "ruralidad".