Este documento incluye los principios sobre los que deberá desarrollarse el proceso y reconoce la necesidad de que las variables no poblacionales ganen importancia en el nuevo sistema.

Esta declaración, incluida como un anexo en el Protocolo General de Colaboración suscrito por los dos gobiernos autonómicos, concreta las necesidades básicas que deben estar presentes durante la negociación del modelo, según informan ambos gobiernos.

A partir del pleno respeto a la Constitución, se incluye un listado de cuestiones fundamentales tanto para Castilla y León como para Asturias, dos territorios que comparten intereses comunes en este proceso.

En primer lugar, se defiende la multilateralidad como sistema de diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central con una premisa principal: la búsqueda de consenso entre todos los actores que forman parte de la negociación.

Tanto el gobierno castellano y leonés como el asturiano exigen el respeto a los principios de suficiencia y nivelación que garanticen una adecuada distribución de la financiación estatal entre todos los territorios que forman parte del Estado español, según reza el acuerdo difundido por ambos gobiernos.

Asimismo, se plantea la necesidad de corregir los déficits en la financiación de los servicios que prestan las comunidades a través de un aumento en las partidas presupuestarias para estas cuestiones. Para ello se pide la inclusión de los costes reales derivados de la aplicación de la ley de la dependencia.

Castilla y León y Asturias están de acuerdo en que variables como la dispersión, la orografía y la baja densidad de población deben ganar peso en el modelo que salga de la actual negociación.

Así mismo, se establece la incorporación de mecanismos de revisión quinquenal del sistema de financiación de manera que se garantice la suficiencia dinámica, es decir, que la financiación se adapte a la evolución de las necesidades de gasto de cada gobierno autonómico.

Además, se reclama la inclusión de la tradicional cláusula que contempla que ninguna comunidad empeore su posición financiera como consecuencia de la reforma así como la potenciación del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios económicos que existen entre las regiones.

La declaración suscrita incluye también la petición de efectividad para el principio de lealtad institucional de modo que el equilibrio entre los gastos y los ingresos en el presupuesto de las comunidades autónomas no pueda verse afectado por las decisiones del Gobierno de la nación a quien se pide también un "avance claro" en los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal para que cada territorio pueda aumentar la capacidad que le permita desarrollar una política fiscal propia.

En esta misma línea, los ejecutivos de Castilla y León y Asturias recuerdan que la inversión estatal debe cubrir las necesidades de infraestructuras y equipamientos existentes.

Por último, en materia de financiación local, se apunta que la reforma de este sistema debe ser abordada de forma paralela pero sin que haya mezclas entre ambos procesos.