El decreto determina que el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en la Administración y la promoción interna tendrá un cupo de reserva como mínimo del 10% para las personas con discapacidad hasta alcanzar el 2% del total de efectivos.

La medida se enmarca dentro de las medidas acordadas en la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad y ha sido elaborado con las aportaciones de las asociaciones regionales representativas de los intereses de estas personas.

La nueva norma regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la promoción interna, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración, incorporando además medidas adicionales de acción positiva que contribuyan a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de las personas con discapacidad.

Como novedades más significativas destacan la especial atención que se presta a las personas con discapacidad intelectual así como a las que tienen una discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 75%, la prioridad de llamada en las bolsas de empleo temporal, las convocatorias específicas, la adaptación de puestos, la formación y los planes de apoyo en el trabajo.