En declaraciones a Servimedia, Valdeón argumentó que, "en contra de lo que propugna el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cuarto pilar del Estado de bienestar no es la atención a los dependientes sino los servicios sociales, que es mucho más que todo eso".

La futura normativa castellano y leonesa en materia de dependencia persigue la universalidad progresiva de las prestaciones; el reconocimiento de las corporaciones locales, como prestadoras de servicios; adelanta los plazos que prevé la legislación estatal, algunos de cuyos derechos previstos podrían esperar hasta 2015, y recoger los aspectos sanitarios de las personas dependientes.

Valdeón destacó que la Ley de Dependencia estatal no recoge, como sí lo hará la suya, el papel que juegan ayuntamientos, diputaciones o consejos en materia de atención social. Además, afirmó la consejera que algunos de los derechos previstos en aquélla ya podrían ser una realidad en Castilla y León.

La consejera castellano y leonesa destacó, de las bases programáticas de la anunciada normativa regional, la vertiente sanitaria de los dependientes, porque, "cuando hablamos de personas mayores o con discapacidad, en muchos casos la ley estatal no aborda para nada los aspectos sanitarios, de rehabilitación de cuidados para enfermería, etcétera, y nosotros sí los vamos a recoger, incluidos los que damos al cuidador familiar".

Para atención social, el departamento de Familia que dirige Rosa Valdeón cuenta con 555 millones de euros, un presupuesto para afrontar una ley autonómica de dependencia que aún habrá de cerrar sus partidas económicas. En todo caso, será antes de finalizar 2006 cuando la ley arranque en la región, según las previsiones del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera.

SIN CONFLICTOS

La Junta no esconde tras su iniciativa interés alguno por enfrentarse al Gobierno español apostando por una ley de dependencia en el ámbito regional que haga frente a la estatal. Eso al menos asegura la consejera Valdeón.

Sin embargo, subraya, "el Estado podría haber hecho una ley básica, que nosotros como comunidad autónoma la habríamos asumido, puesto que el Estado tiene esa potestad, y nosotros la complementaríamos".

"Pero como la ley (estatal) es de mínimos y no garantiza claramente los derechos y que no llega a todas las personas dependientes, lo que vamos a hacer es potenciar nuestra ley, que más allá de aspirar a ser complementaria persigue ser mucho más garantista que la estatal", aclaró.