Tomás Fernández, que declaró como imputado en el Tribunal Supremo en relación al "caso Zamora", explicó que firmó 51 decretos de obas de adjudicación directa amparándose en la ley que regula la sustitución del máximo responsable de la diputación por el vicepresidente.

"He actuado conforme a la ley de sustitución del presidente y que correponde al vicepresidente primero, y así lo atestiguan las firmas que dan fe de que yo estaba haciendo esas funciones en ese momento", dijo a los periodistas, tras declarar ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, explicó que la sustitución del presidente de la diputación es "automática" cuando su áximo responsable está ausente. Añadió que esos decretos se referían a obras con presupuestos no superiores a los 25 millones de pesetas y susceptibles de ser adjudicadas de forma directa, según la ley.

Tomás Fernández, que respondió a las preguntas que le hicieron tanto el juez instructor como el fiscal sobre el sistema de adjudicación de obras y la firma de decretos, negó su participación en cualquier irregularidad relacionada con estos aspectos.

"Es falso que en la diputación, por lo que yo coozco, haya habido corrupción de ningún tipo ni cobro de comisiones por adjudicación de obras", dijo a los periodistas.

El "caso Zamora" se inició con las denuncias presentadas por el presidente de la Diputación de Zamora y ex miembro del PP Antolín Martín y por el constructor Eduardo Corrales, en las que se se acusaba al PP de cobrar comisiones procedentes de los constructores a quienes se adjudicaron algunos contratos.