En un auto, el Alto Tribunal admite a trámite una querella presentada por un grupo de diputados socialistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se acusaba de prevaricación, cohecho y usurpación a los máximos responsables del PP en la Diputación de Zamora.

Esta uerella fue remitida al Supremo, al estar entre los querellados el senador del Partido Popular Dionisio García Carnero y el diputado de esta formación política José Manuel Peñalosa Ruiz, quedándose ahora el citado órgano judicial con esta causa.

No obstante, a la vista de lo ya investigado, el Supremo considera que la persona "con una más relevante intervención en los hechos presuntamente punibles" es el ex presidente de la Diputación de Zamora, Luis Cid Fontán. Por ello, sugiere que, como primera actación, se inste al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a realizar nuevas diligencias en las que se le investigue más a fondo.

Mientras tanto, el auto insiste en que no se pedirá el suplicatorio al Congreso y al Senado para investigar a los miembros del Partido Popular.

En este sentido, asegura que respecto al diputado Peñalosa Ruiz, su participación en los supuestos hechos delictivos se limitó a "la intervención en las decisiones colegiadas del Pleno de la Diputación de Zamora", mienras que por lo que se refiere al senador García Carnero, afirma que éste tomó algunas decisiones "presuntamente irregulares, siempre como presidente accidental y en todo caso en un menor número" que otros querellados.

En el citado sumario, se investiga la supuesta comisión de delitos en la adjudicación de obras en la Diputación de Zamora durante el mandato de Luis Cid Fontán.

Según el fiscal, en esa etapa "se consolidó un modo de efectuar las correspondientes adjudicaciones de obras y servicios, ue no sólo no se ajustaba a la legislación vigente, sino que de forma abierta y constante y desde luego con indicios de que se actuaba con pleno conocimiento de ello, se prescindía de los trámites legalmente establecidos, limitando deliberadamente la libre concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas, siempre con el propósito de beneficiar a una determinada oferta".