En una providencia hecha pública hoy, Martín Pallín da el visto bueno a una serie de diligencias solicitadas el pasado día 3 por el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

En concreto, según el escrito del fiscal remitido a Martín Pallín, y al que tuvo acceso Servimedia, el magistrado, siguiendo el cnsejo de Jiménez Villarejo, ha ordenado a la Diputación Provincial de Zamora que remita un listado de su plantilla desde 1987 hasta 1996, ambos inclusive, así como la oferta pública de empleo hecha por la corporación provincial y las retribuciones del personal eventual contratado en esos años.

Siempre a petición del fiscal, Martín Pallín ordena que se identifique "con precisión" a una serie de personas supuestamente nombradas de forma irregular en la Diputación de Zamora, entre ellas, los hijos del alade de Aspariegos, y la hija de la regidora de Peleas de Abajo (Zamora).

CONSTRUCTORAS

El magistrado instructor reclama también diversa documentación relativa a una serie de constructoras que presuntamente fueron adjudicatarias de obras de forma irregular.

En este sentido, Martín Pallín solicita toda la documentación relativa a la adjudicación de obras, entre 1986 y 1996, a las constructoras Inzamac, Tecopysa y Cemosa.

Martín Pallín requiere también al Tribunal de Cuentas todos los antecedntes que obren en su poder "sobre la fiscalización de los expedientes administrativos de adjudicación de obras por contratación directa de la Diputación Provincial de Zamora entre los años 1987 y 1994, ambos inclusive".

El magistrado instructor del "caso Zamora" vuelve a pedir a una serie de bancos la documentación sobre cuentas que el PP tenía abiertas en sus sucursales de Zamora, ante la "aparente falta de colaboración" de éstas con la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo.

Asimismo recuerda al Deutsche Bank, al Banco de Castilla, al Banco Atlántico y a Argentaria que el plazo establecido por el Código de Comercio para la conservación de la documentación contable solicitada por el Supremo es de 15 años, por lo que les requiere la relación de una serie de cheques librados entre febrero y diciembre de 1989.

El "caso Zamora" surgió en 1997, tras la denuncia del entonces presidente de la Diputación de Zamora y ex miembro del PP Antolín Martín sobre el pago de comisiones ilegales poradjudicación de obras desde la Diputación, a la que se añadió otra denuncia psterior del constructor Eduardo Corrales. Más tarde, la cuestión derivó hacia una supuesta financiación ilegal del PP.