La coaliciónha pedido en un escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que realice una fiscalización específica de la diputación zamorana en lo que se refiere a las actuaciones administrativas en materia de contratación, así como la posible desviación de fondos públicos a personas o partidos políticos.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con el fiscal jefe de Zamora, abriera una investigación, IU considera necesario esclarcer las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras durante esos años.

Según manifestó a Servimedia el diputado de IU Julián Fernández, del examen de los distintos expedientes correspondientes al periodo 1987-1991 "ha podido deducirse que la mayor parte de las obras se adjudicaron en contratación directa", además de que se ha constatado que las obras "se realizaron por un coste superior al precio real de mercado, con maquinación evidente para alterar el precio de las cosas".

Fernández djo que "existen sospechas fundadas acerca de la existencia de una estructura política que gobernó la diputación que desviaba fondos a Alianza Popular, y de la adjudicación fraudulenta de obras y servicios".

En ese mismo periodo, agregó, se da la circunstancia de que se elevó en un "número desproporcionado" la contratación de personal, de 400 a más de 700, y en su mayoría "se trataba de personas pertenecientes al entorno familiar o de amistad de los diputados provinciales".

Para IU, "los indicios obre la posible existencia de una trama de corrupción institucional en la Diputación de Zamora, utilizada para promover actividades delictivas, y la extraordinaria alarma social que ha ocasionado en la provincia exigen el agotamiento de todas las vías, judiciales o no, con el fin de esclarecer completamente estas circunstancias y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse".