Hoy continuaron en ese juzgado las declaraciones de altos cargos del departamento foral de Obras Públicas para determinar la presunta comisión de un delito de prevaricación por parte de Aragón y del ex presidente navarro Gabriel Urralburu, que se encuentran encarcelados desde el pasado 1 de diciembre por un delito e cohecho continuado.

Raúl Sáinz Gómez, ingeniero director de una docena de obras entre 1988 y 1992, ha sido el último testigo llamado por el juez Juan Manuel Fernández dentro de la instrucción de la trama Urralburu.

Sáinz aseguró en mayo de 1994, en la comisión parlamentaria que investigó el trato de favor a Huarte por parte de los gobiernos socialistas en Navarra, que "cuando no coincidían nuestras valoraciones con lo dictado por el consejero Aragón, se reajustaban las ponencias de los criterio para que la empresa citada fuera la que finalmente realizara la obra".

A preguntas de uno de los parlamentarios, confirmó que se trataba de "vestir" las adjudicaciones, aunque hoy prefirió utilizar el término "justificar".

Este ingeniero aseguró que también se le indicaba parte de las empresas que resultarían beneficiadas con obras de tamaño medio o pequeño. Sin embargo, estas consignas nunca se las dió directamente Antonio Aragón, según dijo. Sin embargo, su superior inmediato -el jefe del servcio de Caminos- le indicaba que las órdenes procedían del consejero.

Para lograr que la empresa "agraciada" resultara la primera en las valoraciones previas, Sáinz Gómez reconoció que se "variaban" o "adecuaban" los baremos de cálculo porque "así lo había dispuesto el consejero".

La pasada semana, uno de los dos directores de Caminos que trabajaron durante la etapa Aragón realizó ante el juez de este caso un relato igual al efectuado hoy por el nuevo testigo.